La reforma chavista

La Asamblea Nacional de Venezuela acaba de aprobar la reforma constitucional promovida por el presidente Hugo Chávez. A las 33 enmiendas propuestas por el Gobierno se sumaron 36 más, incorporadas por los miembros de la Asamblea, corporación abrumadoramente chavista, hasta el punto de que el documento recibió 161 votos a favor y solo 6 en contra. El próximo 2 de diciembre, los ciudadanos deberán aprobar o rechazar la reforma en bloque por medio de un referendo popular.La enmienda contiene dos vertientes distintas y un solo espíritu de reducción democrática verdadero. Prácticamente toda ella está enderezada a declarar que Venezuela será un país socialista y a fortalecer la institución presidencial. En cuanto a lo primero, se despacha con frases más o menos retóricas, según las cuales "todas las instituciones trabajarán en la construcción del socialismo". Pero no define qué tipo de socialismo, entre variables tan diversas como son, por ejemplo, los variopintos gobiernos de China, Cuba, España, Chile... Tampoco ayudan a aclararlo frases que consagran "los intereses comunes sobre los individuales" o el fin social de la propiedad. Sin ser propiamente socialista, la Constitución colombiana consagra lo mismo: la "prevalencia del interés general" (artículo 1o.) y la función social de la propiedad privada (artículo 58).Las leyes concretas futuras permitirán saber el tipo de régimen que quiere Chávez, porque la reforma de fogoso espíritu socialista es, como se ve, más que todo declaratoria y no muy distinta de la que la mayoría de los Estados modernos exponen en sus constituciones. Igualmente vago es el artículo 136, que deposita la soberanía en el Poder Popular, "que no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de grupos humanos organizados como base de la población". ¿Organizados cómo? Seguramente a través de sufragios o elecciones, a menos que alguna ley decida que el Gobierno intervendrá en su formación.Cosa distinta son los capítulos dedicados a fortalecer el poder presidencial, que van desde la ampliación del mandato de seis a siete años hasta la reelección perpetua del Jefe del Estado. La reforma confiere al Presidente plenos poderes de manejo de la economía (desaparece la autonomía del Banco Central) y facultades para suspender algunas garantías jurídicas elementales, entre ellas la libertad de prensa, aunque en forma menos restrictiva que la planteada en el proyecto original del Gobierno. También confiere al Ejecutivo un curioso poder de reordenación geográfica, que permitirá al Gobierno, eventualmente, nombrar a dedo numerosos funcionarios que hasta ahora eran elegidos en las urnas. Chávez ha defendido los alcances sociales de la reforma, que reduce la jornada laboral y amplía la red de protección de salud. Pero la Iglesia y la oposición opinan que el estatuto "amenaza con concentrar el poder en torno al Presidente y limita la libertad de los ciudadanos".También arguye Chávez que tanto la Presidencia, que lo presentó, como la Asamblea, que lo aprobó, son entidades democráticamente elegidas; y que, además, se someterá a la decisión ciudadana. Todo ello es cierto. Pero Chávez confunde los mecanismos de la democracia con sus contenidos. Unas instituciones cada vez más desequilibradas, donde la Presidencia proyecta su gigantesca sombra sobre el poder legislativo, el judicial y la prensa, mal pueden interpretar la esencia de la democracia. Y mucho menos puede entenderse como democrática la condición casi irrelevante a la que ha sido reducido el papel de quienes no comulgan con el credo oficial del impredecible socialismo chavista.

FUENTE: EL TIEMPO